El texto completo del voto de Zaffaroni

"La reforma constitucional se caracterizó por perfilar instituciones sin acabar su estructura. En todos los casos —y en el del Consejo de la Magistratura en particular— se argumentó que una mayor precisión constitucional padecería de un supuesto defecto de reglamentarismo.
En el propio seno de la Asamblea de Santa Fe se advirtió reiteradamente el riesgo que se corría con esta novedosa modalidad constitucional, puesto que es inevitable que la política coyuntural ocupe los huecos estructurales que deja abiertos el texto constitucional, con las soluciones que le dicte la circunstancia de poder de cada momento, no por corrupción y ni siquiera por razones contrarias a la ética, sino por la simple dinámica esencialmente competitiva de la actividad política, que irremisiblemente mueve a ocupar todos los espacios de poder que

se le ofrecen en cada ocasión. Se corrió el gravísimo riesgo de introducir una institución novedosa sin estructurarla.
De ese modo, el texto constitucional delegó la tarea de finalizar la estructuración del Consejo de la Magistratura en una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En esta línea, tampoco se definió su integración, pues el texto incorporado se limita a indicar los estamentos que deben estar representados, sin señalar número ni proporciones, dado que solo impone que se procure el equilibrio.
Los defectos de estructuración se advirtieron en el propio seno de la asamblea reformadora, tanto en la discusión en comisión como en el pleno y, por desgracia, sus consecuencias se verificaron ampliamente con el correr de los años.
En efecto: una institución novedosa, tomada del derecho constitucional comparado, pero separándose de sus modelos originales en forma híbrida y con defectuosa estructuración, dio lugar a que en menos de veinte años fuese objeto de tres reformas regulatorias dispares y profundas.
A esto se suma que, en los últimos años, su deterioro funcional llegó hasta el límite de la paralización, como bien lo señala el dictamen de la señora Procuradora General, con las consecuentes dificultades de orden institucional, en particular la imposibilidad de designación de jueces para cubrir las numerosas vacantes que se han ido produciendo y que hacen que una buena parte de la magistratura federal se halle a cargo de jueces subrogantes.
El texto vigente prescribe la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Con esta redacción dejó abierta la integración con representación del Poder Ejecutivo. También deja abierta la posibilidad de que la elección de los representantes de los jueces pueda tener lugar por instancias, o sea, respetando la estructura corporativa vertical, con menor representación de los más numerosos y jóvenes, que son los de primera instancia.
La enmienda Bandrés –de la que el propio diputado Bandrés parece haberse arrepentido varios años después- tuvo el efecto de convertir parcialmente al Consejo español en una casi comisión del Congreso, en algunos casos incluso con dificultades para obtener los acuerdos que hicieran mayoría, obstaculizando su integración. La solución legislativa de la tercera reforma que sufre la integración del Consejo argentino, al menos, otorga esa atribución directamente a la ciudadanía.
Es claro que la ley sancionada por el Congreso Nacional no se filtra por los resquicios del texto, sino que penetra por las enormes brechas que éste dejó abiertas a la ley infraconstitucional.
Por consiguiente, el caso exige un extremo esfuerzo de prudencia para separar con meticuloso cuidado la opinión o convicción personal acerca de la composición y elección del Consejo de la Magistratura, de la pregunta acerca de la constitucionalidad de la ley en cuestión. De lo contrario, se excederían los límites del poder de control de constitucionalidad, para pasar a decidir en el campo que el texto dejó abierto a la decisión legislativa, solo por ser ésta contraria a las propias convicciones acerca de la integración y elección de los miembros del Consejo.
Interpretar la representación en el puro sentido del contrato de mandato del derecho privado es una tentativa de salvar lo que el texto no ha salvado. El argumento contrario corre con la ventaja de que la representación estamentaria en la Constitución Nacional es una excepción, en tanto que la regla republicana es la representación popular. Abunda a este respecto el dictamen de la señora Procuradora General y, por cierto, cualquiera sea la opinión personal acerca de la elección de los consejeros, cabe reconocer que el argumento es jurídicamente fuerte.
Es perfectamente posible que la elección por listas y por partidos políticos genere dificultades, pero también las ha generado la elección estamentaria, cuyas consecuencias están a la vista.
Puede ser que esta nueva estructura esté condenada al fracaso, pero más allá de las convicciones personales —que no son del caso expresar, aunque pueden rastrearse en los antecedentes de la propia Asamblea Reformadora y en publicaciones de la época—, considerando el texto tal como fue incluido en la Constitución, no se le puede negar al legislador el espacio para ensayar una estructura diferente ante una crisis, apelando para ello a una interpretación limitadora procedente del derecho privado. Es factible incluso que se trate de un nuevo error político, pero no todo error político es una inconstitucionalidad manifiesta.
En cuanto a la independencia de los consejeros y su reflejo sobre la independencia judicial, devenida de la necesidad de que los candidatos sean postulados por los partidos políticos, cabe observar que el concepto de independencia es doble: la hay externa, pero también interna, dependiendo la última de que el poder disciplinario, en materia de responsabilidad política y de presión interna del Poder Judicial, no sea ejercido por los órganos de mayor instancia, que es la esencia del concepto de corporación o verticalización. Esta independencia es la que en el derecho constitucional comparado trata de garantizarse mediante un órgano separado, que sería el Consejo de la Magistratura.
Por último —y al margen del tema central tra-tado—, se hace necesario poner de manifiesto que con independencia de lo decidido por esta Corte en esta causa respecto de los presentes planteos de inconstitucionalidad, el proceso electoral en cuanto a la categoría de candidatos a miembros del Consejo de la Magistratura, se encuentra suspendido por efecto de otras decisiones judiciales federales de distinta competencia, que han sido puestas en conocimiento de las autoridades.
Por consiguiente, el tribunal decide en esta causa por imperio de ley, pero cabe advertir que en virtud de disposiciones procesales y de la elección de las vías de impugnación y que a la fecha no han llegado a conocimiento de esta Corte, se produce una extraña circunstancia que lleva a resolver una cuestión que bien podría considerarse como materialmente abstracta.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora General en cuanto al fondo de la cuestión planteada, se hace lugar al recurso extraordinario por salto de instancia presentado por el Estado Nacional y se resuelve revocar la sentencia apelada."

La desmesura

Por Ricardo Forster 29.05.2013  
La desmesura. 
 ¿Es posible encontrar otra palabra para calificar el editorial de La Nación del lunes 27 de mayo en el que, con el título “1933”, recuerda, bajo la forma de la comparación histórica y de los peligros que supuestamente nos acecharían a los argentinos (¡sic!), la llegada ominosa de Hitler al poder? ¿En qué sentido los “trágicos hechos que acompañaron la caída de la República de Weimar y el comienzo del Tercer Reich deben mover a reflexión a los argentinos”, se pregunta con tono solemne y cargado de “preocupación” por la salud y el destino del país, el escriba de un editorial delirante y provocador? ¿Cuál es la alerta que reclama el diario del liberal conservadorismo argentino? ¿Contra qué fantasmas alucinantes provenientes de la peor de las barbaries habría que “estar alertas” en un país, el nuestro, que ha sido “envilecido” por el populismo autoritario que quiere “ir por todo” y que estaría acercándose peligrosamente a una imitación del hitlerismo genocida? ¿Estaríamos acaso en vísperas de “un golpe de Estado” que aprovechando los resquicios de la legalidad democrática pudiera conducirnos, de la mano de un gobierno “cada día más autoritario”, a la destrucción de la República y del Estado de derecho tal como lo hizo el nazismo una vez que llegó al poder en ese fatídico 1933? ¿Es Cristina una suerte de heredera de aquel horror que condujo al exterminio de millones de seres humanos con la complicidad de partidos y dirigentes y hasta de gobiernos extranjeros que prefirieron mirar para otro lado? En el final del obsceno editorial pergeñado por la derecha destituyente argentina, que suele expresarse en el diario fundado por Bartolomé Mitre, se insiste –luego de pasar minuciosa revista al asalto brutal que los nazis hicieron al poder durante 1933–, sin empachos ni algún tipo de pudor por las víctimas reales del nazismo histórico, que “todo esto ocurrió en un solo año, hace ochenta. Durante los doce años siguientes, el nazismo continuó su marcha atroz, controlando toda Europa Occidental (salvo Gran Bretaña) y realizando la mayor violación de derechos humanos que recuerda la historia. Es importante que todas las naciones del mundo recuerden cómo surgió ese régimen y las terribles consecuencias que la cobardía o la conveniencia de los dirigentes y el temor o desinterés de la población pueden provocar al debilitarse los valores colectivos y la vigencia plena de las instituciones democráticas. Salvando, como decíamos, las enormes distancias, los argentinos deberíamos reparar en los rasgos autoritarios que, cada vez con mayor frecuencia, pone de manifiesto el Gobierno, y cobrar conciencia de que es imposible prever cómo puede terminar un proceso que comienza cercenando las libertades y la independencia de los tres poderes del Estado, al tiempo que distorsiona los valores esenciales de la República y promueve enfrentamientos dentro de la sociedad”. ¿Es posible escribir algo así sin sentir la más mínima vergüenza, sin siquiera hacerse cargo de las implicancias que semejante aberración conlleva? ¿Se puede llegar tan lejos en el afán de deslegitimar a un gobierno? Todo está en el comienzo y en el final del editorial. El largo recordatorio histórico de ese año fatídico en el que la burguesía alemana se convirtió en cómplice del ascenso de Hitler al poder (y no “por ingenuidad” ni sólo por la senectud algo senil de Hindenburg, sino por el avance brutal de la contrarrevolución apoyada por los partidos de derecha y por algunos gobiernos “democráticos” que preferían antes a los nazis que a la influencia comunista y que sintieron “la fascinación” de un régimen, que junto al de Mussolini en la Italia fascista, frenaba el peligro “bolchevique”), no tiene otra intención que jugar en espejo tratando de homologar la travesía política de un gobierno democrático, absolutamente respetuoso de las libertades públicas y garante del Estado de derecho, con el diabólico itinerario seguido por el régimen nacionalsocialista que terminó en el “universo Auschwitz”. Desmesura y perversión de un diario que, entre otras muchas cosas, fue cómplice ideológico de la dictadura genocida que asoló a nuestro país entre 1976 y 1983. Nunca, ni en los años más oscuros y criminales en los que los perros de la noche desplegaron su plan criminal que llevó a la construcción de campos de concentración y de muerte, la “tribuna de doctrina”, el adalid del supuesto republicanismo liberal argentino, levantó su voz para denunciar el terrorismo de Estado y su consiguiente revanchismo social encabezado por Martínez de Hoz y muchos civiles que vieron en el golpe de Videla la oportunidad para destruir la capacidad de disputa y resistencia de los trabajadores y, de paso, aniquilar a lo mejor de una generación. Hoy, cuando los argentinos nos preparamos para celebrar los 30 años de recuperación de la vida democrática, cuando se ejerce con absoluta libertad y con plenas garantías la soberanía popular, avanzan, con paso cada día más radicalizado y provocador, en su demencial especulación histórica cargada, paradójicamente, de un oscuro negacionismo allí donde la mera comparación del régimen exterminador nazi con un gobierno democrático supone una devaluación de lo que ese régimen efectivamente significó. Ya no hablan apenas de “autoritarismo”, de “populismo” o incluso de “dictadura”, ahora cruzan un límite infranqueable desde cualquier perspectiva que se quiera democrática, y nos anuncian “preocupadísimos” que el espectro de 1933 se está posando sobre nuestro país y asume los rasgos del kirchnerismo. Y escriben ese editorial infamante después de la extraordinaria movilización del 25 de mayo en la que cientos de miles de argentinos de todas las edades y condiciones sociales, agrupados o no en organizaciones políticas, manifestaron en paz y alegría un doble festejo, el de la patria y el de diez años de gobierno. Alarmados por tanto fervor popular, asqueados de ver tanto pueblo derramado festivamente por las calles céntricas de Buenos Aires, maquinaron, en el subsuelo de la conspiración desestabilizadora, esa perversa comparación histórica. No se detienen ante nada. Ningún pudor ante las víctimas de aquel horror funciona como una suerte de súper yo que, antes de vomitar tamaña canallada, les permita reflexionar y dar un paso hacia atrás. Nada de eso. Ahí están de nuevo las “juventudes hitlerianas” y el revival de 1933 para ofrecernos el “peligro” de una terrible “repetición histórica” que, eso sí, tendría, “salvando enormes distancias, (…) ciertos paralelismos entre aquella realidad y la actualidad argentina que nos obliga –nos dice con “alarma” el editorial del diario– a mantenernos alertas”. ¿De qué? Del avance del autoritarismo por parte de un gobierno, maligno, que busca acabar con la división de poderes y con las libertades públicas (en particular las de expresión y prensa). Es un llamado a las “masas caceroleras” a que salgan en defensa de las virtudes republicanas que se expresan en los grandes medios de comunicación y a través de sus periodistas estrella que hacen del denuncismo serial y del amarillismo pre-jurídico el centro inapelable de la verdadera democracia amenazada. Han dado un paso siniestro que los coloca con absoluta claridad y transparencia en la estrategia de las derechas continentales que buscan horadar a los gobiernos democráticos populares utilizando la excusa de que “están poniendo en peligro la vida democrática y la salud de la República”. Un neogolpismo que ya ha dejado de ser solapado e intrigante, que ya no se esconde en oscuras fórmulas interpretativas que nos recuerdan que la “libertad está amenazada”, sino que no duda en utilizar comparaciones históricas de un salvajismo pre-democrático. ¿Habrá que recordar que fueron los partidos de la derecha y del centro, junto con la casta militar y la gran burguesía industrial alemana, los que habilitaron el ascenso de Hitler al poder? ¿Habrá que recordar la alquimia monstruosa de antisemitismo y de anticomunismo que le dio su núcleo ideológico al nacionalsocialismo y a las lucubraciones febriles del autor de Mi lucha? ¿Habrá que recordar que los primeros campos de concentración fueron construidos para encarcelar, torturar y asesinar a comunistas, socialistas y anarquistas y luego a homosexuales, gitanos y judíos? Pareciera que el editorial de La Nación “olvida” los objetivos reales y efectivos del régimen nazi y también “olvida” la complicidad de los poderes económicos y eclesiásticos de aquel tiempo. Una pequeña dosis de amnesia histórica para contarnos de un modo oportunista y sesgado lo que se organizó en el interior de ese fatídico año de 1933. Es la misma amnesia que lo aqueja cuando se trata de recordar su participación en el apoyo ideológico al golpe del ’76 y las pingües ganancias que, junto con el Grupo Clarín, tuvieron al quedarse oscuramente con Papel Prensa. La desmesura no es el resultado de un editorial fallido ni de una pluma extraviada que en una noche de pesadilla alucinó ese relato impúdico que no deja de bordear la miserabilidad interpretativa. Responde a una lógica que, no por perversa, deja de estar articulada a una estrategia que tiene como principal objetivo proyectar sobre el gobierno nacional la sombra de una malignidad absoluta que se corresponde, como no podía ser menos, con el fabuloso relato de bóvedas repletas de dólares y euros provenientes de una corrupción oscura que carcome los cimientos institucionales del país. Protonazismo y corrupción, figuras de un mal que hay que erradicar para salvar a la República. Ellos, desde la prensa libre, anticipan los enormes peligros que acechan a la Argentina; peligros que exigen, de todos los ciudadanos “honestos”, una decidida acción que frene el avance del pérfido kirchnerismo. Pero también se dedican, sin disimulos, a criticar a la oposición señalando el parentesco con los partidos políticos de la República de Weimar que no supieron ni pudieron impedir la hegemonía hitleriana. El mal se derrama por una sociedad que, si no se apura, no logrará impedir que un oscuro y perverso túnel del tiempo reúna la terrible tragedia abierta en 1933 con una actualidad argentina que va en camino de asemejarse a su lejano antecesor. ¿Queda acaso, estimado lector, algo por agregar para intentar descifrar lo que se guarda en tamaña desmesura? ¿Vale la pena seguir insistiendo en la crítica de un dispositivo comunicacional puesto al servicio de la destitución, que no se detiene ni siquiera ante la barrera moral que prohíbe trivializar al nazismo allí donde se lo homologa con un gobierno democrático que no ha conculcado ningún derecho ni ninguna libertad? Si la ignorancia y la impudicia no fuesen dos principios activos en ciertos sectores opositores, si un odio desmesurado y un resentimiento feroz no habitasen ciertas zonas cloacales de la vida argentina, este artículo ni siquiera habría logrado superar un par de líneas. Y, sin embargo, no me ha resultado posible dejar de escribirlo ante una desmesura que se proyecta como una sombra ominosa y esencialmente antagónica a la mayoría de una sociedad que, en este 2013, se prepara para festejar los treinta años de recuperación y consolidación de la democracia. Fuente:Vientitres