Durante el proceso dictatorial, represivo y asesino que
rigió nuestro país a mediados de la década del 70 y hasta principios del ’80
existieron en Santiago del Estero varios grupos policiales y militares que
espiaban, perseguían, encarcelaban y asesinaban a “subversivos” definición esta
que le cabía a todo aquel que se expresara en oposición a un modelo político y económico
claramente perjudicial para los intereses de los sectores populares[1] y
visto a la distancia bien podríamos
decir que este período y las políticas durante el mismo implementadas fueron
perjudiciales para la mayoría de la población de nuestro país
En Santiago del Estero, de acuerdo a nuestras
investigaciones, existieron cuatro instituciones estatales encargadas de este
accionar, la Secretaría
de Inteligencia del Estado (SIDE) que como figura más reconocida por sus
aberrantes acciones tenia a Musa Azar, La Superintendencia
de Seguridad a cargo de Tomás Garbi, un órgano de Operaciones de Inteligencia
del Ejército a cargo de Jorge D’amico, que funcionaba en el Batallón de
Ingenieros de Combate 141 y un Órgano Adelantado del Ejercito, dependiente del
Destacamento Militar 142, Comando de la Subzona 32, a cargo de la Brigada de Infantería V,
con asiento en San Miguel de Tucumán y jurisdicción sobre las provincias de
Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Jujuy.
Este órgano era parte del organigrama de la Inteligencia del
Ejercito con sede central en el "Batallón 601" (nombre de guerra del Servicio de
Informaciones del Ejército-SIE).
En Santiago del Estero las relaciones entre estos organismos eran fluidas,
creemos que quien tenía el mando en estas relaciones era el órgano adelantado
por ser parte de la estructura de inteligencia de las FFAA, que como vimos
arriba era quien llevaba el mando en todo lo referente a Inteligencia
La presencia de los militares en los operativos de detención
de “subversivos” era común, incluso antes del golpe de estado del 24/03/1976, hay
muchos testimonios que hablan de que había militares en los procedimientos, en
el SIDE, en los interrogatorios, nombraremos sólo algunos de ellos a modo
ilustrativo.
Ramiro López, uno de los principales represores en nuestra
provincia, dirá en sus declaraciones indagatorias ante el Juez Federal,“Venia personal militar a
practicar los interrogatorios a los detenidos” “Desea
agregar que a veces concurría un oficial de apellido D’amico y un sub oficial
de apellido Sánchez que prestaba servicios en el "servicio de
inteligencia" ubicado en la calle sarmiento y otro personal militar a quienes no
individualiza, pero que venían a de uniforme militar y a veces de civil
En el legajo de Leopoldo Sánchez figura que fue Sargento de Infantería AEI
(Acciones especiales de inteligencia), un soldado entrenado en
inteligencia que desde el año 1974, más
precisamente desde el 2/04/74, fue enviado en comisión de Servicio a Santiago
del Estero, como Órgano Adelantado del Ejercito dependiente del Destacamento de
Inteligencia 142, con sede en Tucumán y bajo las órdenes en ese entonces del
Tte Cnel Cesar Emilio Anadon (informe de calificación 1973/74). Por ese
entonces Sánchez era auxiliar.
Durante
el año 1986, antes de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se inició
la investigación por la desaparición de Daniel Dichiara ocurrida durante la
dictadura en agosto de 1976. Según consta en los expedientes, los miembros de la Side santiagueña se
presentaron ante la Justicia
de la provincia y aseguraron que en esa época respondían a las órdenes del “órgano
adelantado del Ejército”. Pero particularmente Azar Curi y Garbi dijeron que
Jorge D’Amico y Leopoldo Sánchez “presenciaban los interrogatorios y decidían
el destino de los detenidos”.
Teniendo en cuenta los antecedentes de este represor nos preocupa que el Juez federal Guillermo Molinari no haya dictado la prisión preventiva.
Teniendo en cuenta los antecedentes de este represor nos preocupa que el Juez federal Guillermo Molinari no haya dictado la prisión preventiva.
[1] Guillermo Walter Klein,
mano derecha de Alfredo Martínez de Hoz, diría el 5 de octubre de 1980 a Clarín: "Ella
[la política económica] era incompatible con cualquier sistema democrático y sólo
aplicable si la respaldaba un gobierno de facto".
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