TRIBUNAL FEDERAL SANTIAGUEÑO BENEFICIO CON LA PRISION DOMICILIARIA AL GENOCIDA RAMON WARFI HERRERA

En el día de hoy, 17 de febrero de 2012, el Tribunal Oral Federal presidido por el Juez Ad-hoc Pedro Ibáñez con el acompañamiento del voto del juez Casas y el voto en disidencia del juez Giménez Montilla, concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida coronel (r) Ramón Warfi Herrera (foto).
Ramón W. Herrera quien se mantuvo prófugo de la justicia por más de 2 años, había sido capturado a mediados de diciembre de 2011 en la provincia de Santa Fé y trasladado al Penal Federal de Colonia Pinto en nuestra provincia, lugar donde se encuentran quienes cumplen prisión por delitos de lesa humanidad. Herrera está imputado en múltiples delitos aberrantes tales como secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura cívico-militar implantada en 1976 cuando se desempeñó como Jefe de la Policía Provincial, una institución clave en la implementación del plan de aniquilamiento de opositores políticos y de destrucción del aparato productivo de nuestro país.
Como lo afirmò el Fiscal Federal G. Gimena en su alegato oponiéndose al beneficio, el grupo de tareas integrado por Musa Azar, Garbi, López Veloso (solo por citar a quienes ya se encuentran condenados a perpetua por delitos declarados imprescriptibles por la Justicia Argentina) actuaban bajo la responsabilidad del hoy beneficiado quien luego de ser jefe de la Policía en la provincia prestó servicios- a partir del año 1979- en el Comando del II Cuerpo de Ejército en Rosario. Con posterioridad pasa a revistar en la Escuela de Inteligencia con sede en la provincia de Santa Fe. Cabe aclarar que desde 1971 y con el grado de Capitán es ya un oficial de la Inteligencia Militar, habiendo realizado cursos en Estados Unidos y Venezuela entre otros. Es así que en 1982 llega a desempeñarse como Sub-director de la Escuela de Inteligencia Militar a cargo del “Programa de Recuperación de Subversivos Procesados”.
La resolución tomada en el día de la fecha por el tribunal presidido por Pedro Ibáñez (quien se desempeñó como funcionario judicial durante el juarismo y fue acusado de ordenar el espionaje a las Madres del Dolor a fines de los 90), no hace sino confirmar su decisión de trabajar por la continuidad de la impunidad de los genocidas, a contrapelo de la decisión de los poderes del Estado y de la sociedad argentina que declararon el juzgamiento y la condena de estos delitos de interés prioritario para la Nación.
Hay que destacar que estos mismos funcionarios son los que concedieron el beneficio de la excarcelación al genocida D’amico y al represor ex policía Roberto Díaz que luego de ser excarcelado se profugó, situación que se mantiene hasta el presente. Sería demasiado ingenuo pensar que el imputado Ramón W. Herrera, no adopte la misma conducta que Díaz, sobre todo teniendo en cuenta que la legislación argentina prohíbe el juicio en ausencia de los imputados.
ASOCIACION POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA - FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y EX PRESOS POLITICOS DE SGO. DEL ESTERO

¿Quién fue JUAN JOSÉ RAMIREZ?

Juan José Ramírez quién fuera recientemente encontrado en Bs As sobre de las vías del tren a cuyo paso se habría arrojado en un presunto acto suicida fue un Militar que tuvo el cargo de Jefe de Policía en Santiago del Estero desde el 24 de Marzo de 1976 hasta el 11 de Junio de 1976. Aunque se sospecha que juntamente con el mayor Aldo Valenzuela quien lo sucedió como jefe de policía estuvieron al frente de un destacamento militar en la localidad de Quimilí, cumpliendo funciones de inteligencia y vigilancia durante los meses previos al golpe de estado. Cabe aclarar que esa localidad del interior santiagueño fue muy transitada durante todo el proceso represivo por el ejército y sus más altas autoridades incluido Jorge Videla quien fuera declarado ciudadano ilustre de Quimili. Esto pues esta localidad constituía un punto estratégico para ingresar a las provincias de Santa Fe y Buenos Aires desde el noreste del país. Actualmente existen serias denuncias radicadas en la Justicia Federal sobre entierros clandestinos en su cementerio y zonas aledañas.
Luego se desempeño en Tucumán como miembro del Destacamento de inteligencia 142 radicado en Tucumán y al tiempo llego a ser JEFE de ese nefasto organismo con dependencia directa del Batallón 601.
En Santiago del Estero se le imputó ser jefe de la Asociación Ilícita (arts. 210 y 210 bis del CP), autor material de los delitos de: Privación ilegítima de la libertad (art. 144 bis inc. 1º y 2°) del CP; (debiendo tenerse presente la figura de Desaparición Forzada de Personas, establecido por ley 24.321.) Torturas (art. 144 ter. del CP); Homicidio calificado (art. 80 inc. 2 y 7 del CP); Encubrimiento, (art. 277 inc. 3 apartado c y d del CP); Todos en concurso real (art. 55 C.P.) En los hechos: Hugo Milciades Concha, Dichiara Vázquez, Daniel Enrique, Julio Cesar Salomón.
A estas imputaciones se le suman numerosas violaciones del domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos en perjuicio de quienes hoy denominamos ex presos políticos. Además de Asociación ilícita en calidad de organizador. Todo en concurso real conforme art. 55 del C.P.
La actuación de la Justicia Federal a cargo del Juez Guillermo Molinari en este caso, como en otro por ejemplo Roberto Díaz prófugo de la Justicia, dejo mucho que desear.

El 23 de agosto de 2010, Molinari le fija fecha de indagatoria para el 27 de septiembre. El fiscal solicita que libren las órdenes de detención, y el 7 de septiembre de 2010 Molinari hace lugar, ordenando la detención e incomunicación.
El 25 de enero de 2012 las actuaciones que hizo la Policía Federal Argentina para su búsqueda son:
El 2 de diciembre de 2011 (un año y 3 meses más tarde) el Juez le informa a la Policía Federal que la dirección de Ramírez es San Lorenzo 2123 de Acassuso o de Martínez según la ANSES. Esto implica que no estaba prófugo, simplemente no lo habían ido a buscar a la casa. Este represor estaba cómodamente en su casa, el domicilio declarado a la ANSES.
La hija de Ramirez es abogada y anduvo por el tribunal federal en octubre de 2011 averiguando la situación procesal de su padre. Es decir que estaban bien al tanto de que tenía la orden de captura. Lo mismo no se mudaron de casa, y siguió viviendo en la casa declarada ante la ANSES.
El 15 de diciembre de 2011 el Oficial de la Policía Federal Liendro informa que en San Lorenzo 2123 de San isidro vive un hombre de nombre Juan y de apellido Ramírez. (El mismo día que lo detienen a Warfi Herrera)
Molinari, el mismo día pero a las 18:30 NO ordena su detención sino que "efectúe tareas investigativas por el lapso de 15 días, con el objeto de recabar información referente al encartado Ramírez, es decir personas con quien reside, movimientos habituales del mismo, y demás datos de utilidad para las presentes actuaciones. MEDIDAS ESTAS A LAS QUE SE DARÁ EL MAS FIEL Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO"
No preguntamos ¿Para qué las tareas de inteligencia? Si ya había ordenado la detención… además lo llama encartado, como si lo estuvieran investigando pero aún no lo hubieran imputado.
El 4 de enero de 2012 el Oficial Liendro informa que por consulta a los vecinos se supo que en la dirección habría fallecido un masculino el 16 de diciembre.
La misma Policía pide un informe al registro Civil de San Isidro y se dan con que el 19 de diciembre de 2011 se inscribió el fallecimiento de Juan José Ramírez producida por "paro cardiorrespiratorio traumático" el 16 de diciembre de 2011 y se agrega copia del acta de fallecimiento.
Existe una causa caratulada Ramirez, Juan José S/Averiguación causa de muerte en Tribunales de San Isidro (Secretaría 2 del Juzgado 1 de San Isidro).
La fiscalía ya pidió la copia del expediente en San Isidro, la declaración testimonial del médico que certifica la muerte.